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En México el crecimiento de los métodos alternos de solución de conflictos y su incursión en cada vez más aspectos de la vida cotidiana y jurídica de sus ciudadanos y ciudadanas es palpable. Más aún a partir de la reforma a la Constitución Mexicana del 18 de junio del año 2008 en la primera parte del párrafo 5to de su artículo 17, el cual establece el deber de que las leyes prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, y posteriormente la reforma del 15 de septiembre del año 2017 añadiendo al mismo artículo el párrafo tercero que privilegia la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales siempre que no se afecte la igualdad de las partes o el debido proceso *1.

Con ello se legitimó el reconocimiento y uso de los métodos alternos en materias de derecho en las cuales su utilización era limitada como es el caso de la materia penal, civil, mercantil y especialmente la materia familiar. Si bien existían un sinnúmero de legislaciones y actividades en todos los órdenes de gobierno que admitían su utilización, estaban más enfocadas a normar la conciliación institucional prevista en procedimientos judiciales y administrativos; estas reformas apuntalaron el desarrollo de otros métodos, en particular de la mediación formal, las prácticas restaurativas, así como la creación de institutos y centros de mediación públicos y privados en diversas entidades del país.

En materia familiar, el divorcio en México ha sido una institución jurídica que en los últimos años ha tenido cambios importantes provenientes de las decisiones emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la revisión de juicios de amparo para la reivindicación de los derechos humanos. Así tenemos por ejemplo la incursión del divorcio incausado, los derechos de los niños, niñas y adolescentes entre otras; que han sido recogidas por el legislador de cada entidad federativa en los códigos y leyes del fuero común.

Tal es la evolución del derecho familiar y los MASC en México que se está en espera de la expedición y promulgación de una legislación única en materia procesal Civil y Familiar y una general en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para todo el país, con excepción de la materia penal que ya se encuentra regulada.

El divorcio por mutuo consentimiento fue establecido como causal en la Ley de Relaciones Familiares de 1917, y retomado posteriormente en el Código Civil de 1928 en su artículo 267. Desde ese entonces en la legislación mexicana el trámite del divorcio por mutuo consentimiento había sido tradicionalmente exclusivo de los jueces de los poderes judiciales de los Estados, a excepción del conocido como divorcio administrativo el cual permite a los cónyuges disolver su vínculo matrimonial a través de un trámite sumario, siempre y cuando que no tengan hijos respecto de los cuales tenga que resolverse el tema de su custodia, convivencia o alimentos, así como bienes para liquidar y en algunos casos según la entidad federativa contar con más de un año de haber contraído matrimonio; el cual fue permitido ser realizado ante el Oficial del Registro Civil de cada municipio desde la promulgación del mencionado Código Civil de 1928.*2

                        Al promoverlo se requiere no solamente que las partes tengan un acuerdo respecto de la disolución de su vínculo matrimonial, sino además en relación a la custodia, guarda y manutención de sus hijos e hijas y en su caso la liquidación de los bienes constituidos como gananciales. En ese sentido es potestad de los padres o tutores la toma de tal decisión en tanto no vulnere los derechos humanos de sus hijos e hijas; ya que deberá ser revisado y aprobado por el juzgador y el representante social precisamente en los temas de derechos de niños, niñas y adolescentes.

                        Desde su existencia en México el divorcio por mutuo consentimiento ha constituido la forma menos complicada de tramitar en una vía especial la disolución del vínculo matrimonial, cuando existen hijos e hijas menores de edad y/o bienes que liquidar respecto de su sociedad patrimonial. Sin embargo, la toma de decisiones por parte de los progenitores en relación a los derechos de sus hijas e hijos se ha visto supeditada a la negociación entre los primeros, o incluso sus abogados y abogadas.