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En la República Argentina, la conciliación es una práctica que se vincula con la actividad del Juez en los procesos civiles y comerciales en virtud de lo previsto por el artículo 36, en cuyo incisos 2º lo faculta a “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”, así como disponer en cualquier momento del proceso, “la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación”, mientras que el inciso 3º lo faculta para “proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria”. Aclara ese artículo que, “en todos los casos la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento”.

Si bien lo normado por el artículo 36 se trata de facultades y no deberes del Juez, lo establecido en los artículos 360 y 360 bis del Código Nacional sí constituyen deberes.

El artículo 360 establece que, en oportunidad de abrir la causa a prueba, “el juez citará a las partes a una audiencia, que presidirá, con carácter indelegable. Si el juez no se hallare presente no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia en el libro de asistencia”. En tal acto, según el inciso 1º, “invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución de conflictos”. A su vez, el artículo 360 bis establece que, “en la audiencia mencionada en el artículo anterior, el juez y las partes podrán proponer fórmulas conciliatorias. Si se arribase a un acuerdo conciliatorio, se labrará acta en la que conste su contenido y la homologación por el juez interviniente”. Si no se obtuviera un acuerdo y a los fines de asegurar la confidencialidad del acto, el mismo artículo aclara que “los intervinientes no podrán ser interrogados acerca de lo acontecido en la audiencia”. 

Este art. 360 bis establece que el acuerdo arribado en la conciliación, homologado por el juez, tendrá efecto de cosa juzgada y se ejecutará mediante el procedimiento previsto para la ejecución de sentencia, siendo prácticamente unánime la doctrina en que, una vez realizada, los efectos de la conciliación se confunden con los de la transacción.

En esta legislación está considerada como un modo anormal de terminación del proceso junto al desistimiento, al allanamiento, a la transacción y a la caducidad de la instancia. Es sustancial destacar el tratamiento que el Código hace de la conciliación a los fines de determinar su naturaleza, ya que no está considerada como un método sino como un modo de terminación del método que, en este caso, es el proceso judicial.

En el ámbito laboral, la ley 24.635 creó el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ante este organismo, de instancia administrativa, se dirimen con carácter obligatorio y previo al inicio de la demanda judicial todos los reclamos individuales y pluri individuales que versen sobre conflictos de derecho correspondientes a la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo. La visión del sistema manifiesta que “persigue convertir al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), en un referente nacional de los medios alternativos para la solución de los conflictos laborales y proveer a los usuarios una mayor satisfacción” llevando a cabo la Misión, que es la de asegurar el cumplimiento de los procedimientos con transparencia y eficacia, respetando el ordenamiento legal vigente dentro del marco del orden público laboral. Si bien ni la ley ni su decreto reglamentario describen la función del conciliador laboral, el artículo 6º de la ley establece que “para ser conciliador se requerirá poseer título de abogado con antecedentes en materia del derecho del trabajo”; ello, sumado a que declara aplicable al procedimiento la Ley de Mediación, supone que la labor de este conciliador incluye técnicas de mediación con evaluación de derechos.

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a partir del 29 de noviembre de 1993 con la promulgación de la Ley 11.453, que creó el Fuero de Familia, comenzó una interesante experiencia que se incorporó al Código Civil y Comercial de la Provincia como Libro VIII, artículos 827 a 853, bajo la denominación de “Proceso ante los Tribunales de Familia”. Este cambio implicó no sólo la creación de un fuero con una especializada competencia material, sino que estableció también el desenvolvimiento de un proceso con principios propios ante un tribunal colegiado de instancia única. De este modo, y a diferencia de lo que acontece para los otros asuntos predominantemente patrimoniales en lo civil y comercial, instauró un modo de administrar justicia que, sin prescindir de la escritura, redujo su ámbito de aplicación priorizando la oralidad mediante un sistema de audiencias, logrando así una mayor proximidad y cercanía de los jueces con los asuntos y personas involucradas en la peculiar conflictividad que caracteriza al derecho de familia.

En lo que hace específicamente al tema que estamos abordando, esta ley creó la figura del Consejero de Familia con expresas funciones de asesoramiento, orientación y de conciliación, interviniendo como uno de los protagonistas principales en la etapa jurisdiccional no litigiosa denominada “previa”. El artículo 834 les otorgó la facultad de convocar a las partes, disponer comparendos, solicitar informes, requerir tanto la colaboración del Cuerpo Técnico Auxiliar, de la Oficina Pericial y efectuar reconocimiento de personas o lugares, pudiendo solicitar al Juez de Trámite todas las medidas que hagan el mejor cumplimiento de sus fines, incluyendo las de carácter cautelar.

En mi experiencia personal, la modalidad adoptada pudo arrojar mejores resultados de haberse mantenido los Juzgados unipersonales con tres consejeros cada uno y no al revés, es decir, tres jueces y un consejero, ya que, en la práctica, de inmediato se produjeron verdaderos cuellos de botella en los procedimientos a nivel de la etapa previa que, a poco de comenzar, se vio superada en su capacidad de afrontar los procesos con el tiempo suficiente por parte de los consejeros en su labor de conciliación apoyada con técnicas de mediación.

Afortunadamente, en la actualidad, la ley 13.634 derogó los tribunales y volvió al régimen de juzgados unipersonales manteniendo la etapa previa con la figura del Consejero de Familia.