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 En este contexto, parece necesario señalar que ha llegado la hora de reflexionar acerca de los paradigmas que guían los mecanismos de abordaje a los conflictos sociales, privilegiando, tanto en los contextos comunitario como en el judicial, la adopción de métodos pacificadores que promuevan la desescalada de los conflictos, métodos que constituyen un universo caracterizado por la búsqueda de soluciones consensuadas y que operan guiados por el principio de los opuestos complementarios, diferenciándose de aquellos tradicionales de resolución por adjudicación que, basados en el principio de los opuestos contradictorios, sólo contribuyen a promover, en términos de la teoría, la escalada de los conflictos caracterizada por el aumento de su intensidad [1].

Para comprender mejor esta cuestión, resulta muy expresivo detenerse un instante en los relatos judiciales: Como expresa Brumer:

«…un relato judicial es un relato contado ante un tribunal […]. Otra característica única de los relatos judiciales es la manera curiosa en que se los narra, puesto que los abogados, aun resumiendo toda la historia en sus alegatos ante el tribunal, citan a declarar a favor de su cliente a testigos también elegidos por ellos […] con los abogados de las partes que se oponen unos a otros. No sorprende que los dramaturgos encuentren en la sala del tribunal una mise en scène que les es congenial […] cómo sorprendernos del hecho de que los relatos judiciales sean considerados con sospecha […] La verdad es que los relatos judiciales no son, nunca han sido y probablemente nunca serán tomados por buenos»[2].

Por ello, ha resultado una verdadera curiosidad para el investigador, asistir al transcurso de la historia y comprobar que, ni la desaparición de la retórica como disciplina, que se fue fundiendo en otras disciplinas como la gramática, la psicolingüística y la literatura, ni la pérdida de vigencia de los opuestos contradictorios que cedió al principio de los opuestos complementarios, influyó durante centurias para que el sistema de abordaje a los conflictos sociales que involucran derechos, no evolucionara más allá de la indudable ventaja que significó superar la justicia por mano propia. Como si semejante logro lo eximiera de la contrapartida de responsabilidades por el altísimo costo social que, para la evolución de la conciencia humana, implicó el apego retórico por sostener verosimilitudes y no verdades, y la inevitable escalada sin fin de los conflictos que provoca un sistema que obliga a deslegitimar al otro como técnica para obtener la adjudicación de la meta perseguida.

Si bien como estudiosos de la realidad social no nos debería sorprender que nuestras sociedades exhiban semejante nivel de conflictividad con un modelo de resolución de conflictos así estructurado, como hombres de derecho no podemos distraernos de la responsabilidad de reflexionar y de pensar a partir de la verdadera revolución paradigmática que comenzó ya en el siglo XX y que derrumbó los cimientos mismos de la ciencia occidental del conocimiento.

Toca pues ahora, a quienes somos parte de ella, por formación, hacernos cargo de aquella construcción, siguiendo el pensamiento de Einstein en el sentido de que no se pueden resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos.

Personalmente, también creo haberme hecho cargo hace ya mucho tiempo de esa construcción, primero de manera crítica, y después de una reflexión profunda, tanto en reuniones científicas como en trabajos posteriores, expuse la imperiosa necesidad de modernizar tanto la formación de los abogados como la estructura de los modelos de  justicia formal, incorporando procesos que integran técnicas de solución de conflictos por consenso con técnicas de resolución por adjudicación de derechos, por la indudable potencialidad que tienen como factores de cambio y de consolidación de los procesos de socialización democrática, sobre todo en países de débil institucionalidad [3].